California se prepara para una de las votaciones más controvertidas de las elecciones de medio término del 3 de noviembre de 2026. Los ciudadanos decidirán si imponen un impuesto extraordinario del 5% a los multimillonarios, una iniciativa que ha provocado enfrentamientos entre dirigentes demócratas, empresarios tecnológicos y organizaciones sindicales.
La disputa no se limita a recaudar dinero. La Proposición 40 plantea hasta dónde puede llegar un estado para gravar las grandes fortunas sin provocar la salida de capitales, mientras sus resultados podrían influir en las estrategias de republicanos y demócratas rumbo a las elecciones presidenciales de 2028.
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¿Qué se vota exactamente en California y quiénes pagarían el nuevo impuesto?
La Proposición 40 establecería un impuesto único del 5% sobre el patrimonio neto de residentes con fortunas superiores a $1,000 millones. Se estima que entre 200 y 250 multimillonarios viven en California, incluyendo importantes empresarios vinculados a Silicon Valley.
A diferencia del impuesto sobre la renta, esta medida alcanzaría activos como acciones, participaciones en compañías privadas e inversiones de capital riesgo. Generalmente quedarían excluidos los bienes inmuebles, las pensiones y determinadas cuentas de jubilación.
La propuesta utilizaría como referencia la residencia en California al 1 de enero de 2026. Sus defensores sostienen que esta disposición impediría evitar el impuesto mediante traslados posteriores a otros estados.
El objetivo principal sería financiar programas de atención médica y compensar recortes federales relacionados con Medicaid. Los promotores calculan una recaudación cercana a $100,000 millones, aunque las estimaciones oficiales son más prudentes.
La Oficina del Analista Legislativo de California proyecta ingresos de decenas de miles de millones de dólares distribuidos durante varios años. En contraste, investigadores de la Hoover Institution estiman aproximadamente $30,000 millones, considerando posibles traslados de contribuyentes y litigios.
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¿Por qué Gavin Newsom y otros demócratas rechazan gravar a los multimillonarios?
La controversia ha dividido al propio Partido Demócrata. El gobernador Gavin Newsom anunció que votará contra la Proposición 40 porque considera que un impuesto estatal sobre grandes patrimonios podría debilitar los ingresos públicos a largo plazo.
“La lucha para que los estadounidenses más ricos paguen más impuestos no es algo que debamos librar estado por estado”, afirmó Newsom, advirtiendo que las grandes fortunas pueden trasladarse hacia jurisdicciones con menor presión tributaria.
El candidato demócrata a gobernador Xavier Becerra también cuestionó la propuesta, aunque reconoció que numerosos multimillonarios deberían contribuir más. “Esta no es la manera de hacer política tributaria”, declaró, calificando el mecanismo de impredecible e insostenible.
El republicano Steve Hilton comparte las preocupaciones sobre la pérdida de ingresos fiscales, mientras los sindicatos sanitarios defienden la medida como una herramienta para proteger servicios esenciales.
La batalla también enfrenta a figuras tecnológicas. Sergey Brin, cofundador de Google, figura entre los principales financiadores de la oposición. Mark Zuckerberg habría considerado abandonar California ante las posibles consecuencias fiscales.
En contraste, Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, aseguró que sería un “privilegio” pagar el impuesto, aunque podría enfrentar una obligación tributaria multimillonaria.
El enfrentamiento revela una tensión política: mientras algunos demócratas buscan fortalecer los impuestos a las grandes fortunas, otros temen perjudicar la competitividad económica del estado.
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¿Qué dicen las encuestas y cómo podría influir California en las elecciones de 2028?
Una encuesta de septiembre de UC Berkeley mostró que el 45% de los votantes probables apoyaba la Proposición 40, frente al 42% que la rechazaba. Otro 13% permanecía indeciso.
El respaldo ha disminuido respecto a marzo, cuando el 52% apoyaba la iniciativa y el 33% se oponía. Sin embargo, otro sondeo de Mason-Dixon registró una ventaja de diez puntos para sus defensores.
Las diferencias partidistas son pronunciadas: los demócratas apoyan mayoritariamente el impuesto, mientras los republicanos expresan una oposición considerable.
Políticamente, una aprobación fortalecería el argumento de quienes defienden mayores impuestos sobre grandes patrimonios. Un rechazo podría reforzar las posiciones de sectores moderados preocupados por la fuga de capitales.
La discusión podría extenderse hacia 2028, cuando ambos partidos debatan nuevamente cómo financiar servicios públicos, responder a la desigualdad y equilibrar impuestos con competitividad empresarial.
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¿Cómo deben votar los californianos y qué significan las Proposiciones 40, 41 y 42?
Los electores encontrarán tres propuestas relacionadas, pero con consecuencias diferentes. Es fundamental distinguirlas porque aprobar una no garantiza necesariamente que pueda aplicarse sin conflictos legales con las otras.
Proposición 40: votar “Sí” significa respaldar el impuesto extraordinario del 5% sobre grandes patrimonios. Votar “No” significa rechazar su creación.
Proposición 41: votar “Sí” respaldaría restricciones a determinados impuestos aprobados después del 1 de enero de 2026 que superen los límites estatales de gasto, además de exigir auditorías independientes. Votar “No” rechazaría esos cambios.
Proposición 42: votar “Sí” prohibiría nuevos impuestos o gravámenes retroactivos sobre determinadas categorías de patrimonio, ahorros y fondos de jubilación después del 1 de enero de 2026. Votar “No” mantendría sin aprobar esa prohibición adicional.
Existe una complicación decisiva: según el análisis legislativo estatal, si las Proposiciones 41 o 42 obtienen más votos afirmativos que la 40, los tribunales podrían determinar que prevalecen las disposiciones incompatibles, incluso cuando el impuesto consiga mayoría.
Por eso, los votantes deben evaluar cada propuesta individualmente, revisar sus posibles contradicciones y comprender que una victoria electoral podría abrir una prolongada batalla judicial.
La decisión del 3 de noviembre será también una prueba sobre el poder político de Silicon Valley, la influencia sindical y el futuro de los impuestos a las grandes fortunas en Estados Unidos.
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