Puerto Rico recibirá $280,000 para fortalecer su respuesta ante apagones, escasez de agua y desastres naturales, mediante una alianza anunciada el viernes entre Hispanic Federation y el Federal Home Loan Bank de Nueva York. La iniciativa coincide con la visita del alcalde neoyorquino Zohran Mamdani y con una creciente controversia por los recortes de la administración de Donald Trump a programas federales de energía solar.
El acuerdo permitirá mejorar 10 centros comunitarios de resiliencia distribuidos por la isla, donde miles de familias continúan enfrentando problemas eléctricos y dificultades de abastecimiento de agua.
El Federal Home Loan Bank de Nueva York aportará $210,000, mientras Hispanic Federation contribuirá con otros $70,000. Los recursos financiarán almacenamiento de agua, sistemas de recolección de lluvia, infraestructura de cocina y, en determinados centros, paneles solares con baterías.
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¿Cómo ayudará Nueva York a Puerto Rico frente a nuevas emergencias?
El anuncio ocurrió durante una conferencia anual de cuatro días en Puerto Rico, a la que asistieron Mamdani, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y otros funcionarios estadounidenses.
Frankie Miranda, presidente y director ejecutivo de Hispanic Federation, destacó que las familias puertorriqueñas han enfrentado numerosos desastres, mientras Hochul subrayó la importancia de la justicia ambiental y la preparación comunitaria.
La iniciativa busca reforzar instalaciones capaces de proporcionar servicios esenciales durante emergencias, especialmente cuando fallan los sistemas públicos de electricidad y agua.
Puerto Rico todavía enfrenta las consecuencias del huracán María, ocurrido en septiembre de 2017, que devastó una red eléctrica previamente debilitada por años de mantenimiento insuficiente e inversiones limitadas.
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¿Por qué los recortes de Trump provocaron una demanda federal?
La administración Trump canceló proyectos solares destinados a familias vulnerables, incluido uno valorado en $400 millones que contemplaba instalaciones fotovoltaicas y baterías para hogares de bajos ingresos y personas con necesidades médicas.
El Departamento de Energía, dirigido por Chris Wright, argumentó que los recursos serían redirigidos al mantenimiento de la red eléctrica existente.
Sin embargo, seis residentes demandaron al departamento y a Wright por la cancelación de un programa federal de $1,000 millones, solicitando judicialmente su restablecimiento.
Entre los demandantes figura Ileana Ríos, de 63 años, residente de Arecibo, quien necesita electricidad para refrigerar su insulina. Su hijo también depende de un nebulizador eléctrico.
La organización Barrio Eléctrico, que atiende a más de 500 familias en 12 municipios, esperaba ampliar sus servicios a 1,200 hogares. Tras la cancelación, perdió entre $16 millones y $20 millones en financiación prevista.
Mientras continúa el litigio, la nueva alianza ofrece recursos comunitarios, aunque no sustituye los programas federales cancelados.
