Dollar General enfrenta una demanda presentada por la Comisión Federal de Comercio (FTC) y 20 estados de Estados Unidos, que acusan a la cadena de cobrar precios superiores a los anunciados en sus establecimientos. La acción judicial provocó una caída cercana al 4% en sus acciones.
La denuncia, presentada el lunes 26 de octubre de 2026 ante un tribunal federal de Tennessee, sostiene que las irregularidades habrían ocurrido durante años en miles de establecimientos, afectando especialmente a consumidores que dependen de los descuentos para administrar sus presupuestos familiares.
¿Cómo habría cobrado Dollar General millones de dólares adicionales a sus clientes?
Según la FTC, numerosos compradores encontraron diferencias entre los precios exhibidos en estantes, etiquetas y publicidad, y los importes registrados al pagar. Las autoridades consideran que estas discrepancias generaron millones de dólares en presuntos sobrecargos ilegales.
La agencia también asegura que Dollar General recibió decenas de miles de reclamaciones relacionadas con precios incorrectos, sin establecer mecanismos suficientemente eficaces para corregir el problema. La empresa opera aproximadamente 21,000 tiendas en territorio estadounidense.
“Dollar General ha traicionado la confianza de millones de consumidores estadounidenses”, declaró Christopher Mufarrige, director de la Oficina de Protección al Consumidor de la FTC, quien también denunció perjuicios económicos para familias con dificultades para cubrir sus necesidades.
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¿Qué responde Dollar General y cuáles podrían ser las consecuencias de la demanda?
La compañía rechazó las acusaciones y aseguró que mantiene procedimientos destinados a corregir cualquier diferencia detectada. “Nuestro objetivo es lograr una precisión del 100% entre los precios en los estantes y en la caja”, afirmó mediante un comunicado.
Dollar General reconoció que ocasionalmente pueden producirse discrepancias, pero sostuvo que sus empleados están autorizados para resolverlas. También aseguró haber mejorado sus controles durante los últimos años y cuestionó las exigencias económicas planteadas por los investigadores federales.
“Defenderemos este litigio con firmeza”, manifestó la empresa, que afirmó haber intentado alcanzar una solución negociada. La demanda solicita una orden judicial permanente, compensaciones económicas y otras medidas destinadas a reparar los presuntos perjuicios.
El procedimiento involucra a estados como Florida, California, Michigan, Ohio y Wisconsin, entre otros. Su presentación coincide con un período de preocupación por los elevados precios de alimentos y combustibles, cuando numerosos consumidores recurren a establecimientos de descuento.
El caso deberá determinar si las diferencias denunciadas constituyeron prácticas comerciales engañosas y qué responsabilidades corresponden a la compañía. Por ahora, las acusaciones permanecen sujetas a resolución judicial.
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