Paraguay enfrenta una grave crisis bancaria y política tras la intervención de Ueno Bank, una de las principales entidades financieras del país, ordenada por el Banco Central de Paraguay (BCP) el martes 3 de noviembre de 2026. La decisión dejó sin acceso inmediato a sus fondos a millones de clientes y abrió interrogantes sobre más de $800 millones de recursos públicos administrados por el banco.
La intervención fue aprobada por unanimidad después de comprobar que el índice de solvencia de Ueno Bank había caído por debajo del 50% del mínimo legal exigido. La medida provocó la suspensión de tarjetas, cajeros automáticos y operaciones digitales, mientras las autoridades iniciaban un procedimiento para determinar cómo devolver los depósitos.
¿Por qué intervino Paraguay a Ueno Bank y qué ocurrió con sus operaciones?
El Banco Central explicó que la decisión respondió a una insuficiencia de capital detectada tras meses de investigaciones. Las pesquisas también identificaron préstamos concedidos a empresas vinculadas al grupo propietario del banco, una circunstancia que incrementó las preocupaciones sobre su administración financiera.
Liana Caballero, integrante del directorio del BCP, confirmó el cierre de la entidad y la suspensión de todos sus servicios. Los problemas ya habían comenzado el lunes 2 de noviembre, cuando usuarios reportaron dificultades para realizar transacciones electrónicas.
Ueno Bank asegura contar con tres millones de clientes, equivalentes aproximadamente al 60% de la población adulta paraguaya. Su importancia dentro del sistema financiero explica la magnitud de las interrupciones registradas desde el anuncio oficial.
El presidente del BCP, Carlos Carvallo, describió la crisis como un episodio puntual y aislado y aseguró que el resto del sistema bancario paraguayo mantiene condiciones de solidez. Sin embargo, las autoridades reconocieron que todavía deben establecer cuánto dinero podrá recuperarse.
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¿Qué pasará con los ahorros de los ciudadanos y las cuentas congeladas?
La consecuencia inmediata para los clientes fue la imposibilidad de retirar dinero, utilizar tarjetas o acceder a sus cuentas mediante aplicaciones bancarias. En Asunción se formaron largas filas frente a las oficinas de Ueno, mientras numerosos ciudadanos intentaban conocer el destino de sus depósitos.
El Fondo de Garantía de Depósitos establece una cobertura de hasta 228 millones de guaraníes por persona, aproximadamente $38,200. No obstante, la devolución dependerá de los mecanismos administrativos que establezca el Banco Central durante el proceso de resolución.
Las autoridades anunciaron un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes por depositante, equivalentes aproximadamente a $1,675. Esta medida busca ofrecer liquidez inicial, aunque no representa necesariamente la recuperación completa de los ahorros.
Quienes tengan depósitos superiores al límite garantizado deberán esperar el balance definitivo de activos y pasivos. El BCP no aseguró que todos los clientes recuperarán íntegramente sus recursos, especialmente aquellos con cantidades que excedan la protección legal.
La desesperación llegó a las calles. Marcelino Vergara, de 68 años, declaró que había perdido los ahorros de toda su vida y que únicamente conservaba 8,000 guaraníes. Su testimonio refleja las dificultades inmediatas de quienes dependen de sus depósitos para cubrir necesidades cotidianas.
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¿Cuánto dinero público y de los jubilados está comprometido?
La crisis también afecta las finanzas públicas porque Ueno Bank administra más de $800 millones pertenecientes al Estado paraguayo. Dentro de esa cantidad figuran aproximadamente $380 millones del Instituto de Previsión Social (IPS), organismo responsable de recursos vinculados con la seguridad social.
La intervención mantiene esos fondos sujetos al procedimiento de resolución bancaria. Por ahora, el documento no establece pérdidas definitivas ni confirma que los jubilados dejarán de recibir sus prestaciones, pero sí evidencia incertidumbre sobre la disponibilidad y recuperación de esos recursos.
El senador opositor Rafael Filizzola afirmó que el daño podría superar los $3,000 millones, una cifra presentada como denuncia política y no como pérdida verificada por las autoridades financieras.
Para los ciudadanos, las consecuencias van más allá de los saldos congelados. La suspensión de operaciones puede dificultar pagos familiares, compras y obligaciones financieras, mientras el proceso de recuperación determinará qué proporción de los recursos comprometidos estará nuevamente disponible.
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¿Por qué la crisis bancaria amenaza al gobierno de Santiago Peña?
El escándalo alcanzó directamente al presidente Santiago Peña, quien asumió el poder en 2023 y cuyo mandato está previsto hasta 2028. Según el material disponible, el mandatario tuvo acciones en un grupo relacionado con Ueno Bank, participación de la que se desprendió en 2025.
También surgieron cuestionamientos por el nombramiento de Carlos Carvallo como presidente del Banco Central en 2023, después de haber dirigido Ueno. Sus críticos denunciaron un posible conflicto de intereses, aunque el regulador sostuvo que Carvallo se había apartado de decisiones supervisoras relacionadas con la entidad.
Tras la intervención, Peña solicitó su renuncia. Carvallo inicialmente planteó permanecer durante la resolución bancaria, pero posteriormente formalizó su dimisión ante el Poder Ejecutivo y la comunicó al Senado.
La crisis provocó además la detención de varios directivos, incluido Miguel Vázquez, presidente de Ueno Bank. Su abogado, Víctor Dante Gulino, afirmó que su representado estaba dispuesto a someterse a la justicia.
El vicepresidente Pedro Alliana suspendió temporalmente su candidatura presidencial por el Partido Colorado. Entretanto, dirigentes opositores anunciaron iniciativas para promover un juicio político contra Peña y Alliana. El mandatario también canceló un viaje a Madrid para participar en la Cumbre Iberoamericana.
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¿Qué ocurrirá ahora con Ueno Bank y la estabilidad financiera de Paraguay?
El Banco Central anunció el despliegue de funcionarios para asumir el control de Ueno Bank, revisar sus activos y obligaciones e imponer las sanciones correspondientes. La prioridad declarada será proteger a los pequeños ahorristas y acelerar los mecanismos de devolución.
La Superintendencia de Bancos deberá determinar qué recursos pueden cubrirse mediante la garantía de depósitos y qué cantidades dependerán de la recuperación de activos. Hasta completar ese procedimiento, no existe una fecha definitiva para restablecer el acceso total al dinero.
Mientras tanto, las protestas continúan aumentando la presión sobre las autoridades. Decenas de manifestantes se concentraron en Asunción para exigir responsabilidades políticas y judiciales, en medio de una crisis que combina ahorros inmovilizados, recursos estatales comprometidos y cuestionamientos sobre la supervisión bancaria.
El desenlace dependerá de la capacidad de las instituciones paraguayas para devolver los fondos, esclarecer las operaciones investigadas y determinar responsabilidades. La situación también representa una prueba de confianza para un sistema financiero que el Banco Central insiste en describir como sólido.
